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30.12.2008.

Los hechos: Cinismo y apariencia de legalidad, por Inma Castilla de Cortázar


Por: Redacción

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, cinismo es la "desvergüenza en el mentir o la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables". En las elecciones municipales y forales de 2007, ETA volvió a los Ayuntamientos. Desde entonces, gobierna en la friolera de 43 Ayuntamientos vascos y navarros.

1 comentarios


Los hechos: Cinismo y apariencia de legalidad

 

Publicado en El Mundo 28 Diciembre 2008

Inma Castilla de Cortázar 1

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, cinismo es la "desvergüenza en el mentir o la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables". En las elecciones municipales y forales de 2007, ETA volvió a los Ayuntamientos. Desde entonces, gobierna en la friolera de 43 Ayuntamientos vascos y navarros. En aquella ocasión ETA, con el "atuendo" de ANV, ni siquiera necesitó un disfraz. Todos sabíamos que ANV era Batasuna, como sabemos que ambas son ETA.

 

El Gobierno reiteró, entonces, la vigencia de la "Ley de Partidos".  Sin embargo, todas las posibilidades de fraude diseñadas por ETA/Batasuna, utilizando trucos diversos (listas blancas, agrupaciones electorales, revitalización de un partido momia,…), estaban previstas y prohibidas expresamente por la Ley de Partidos, aprobada por una mayoría sin precedentes (94%) en el Congreso de los Diputados en junio de 2002. Sólo existía un imponderable: la ley no se había aprobado bajo el supuesto de que el Gobierno de España pudiera ceder políticamente a ETA, como ocurrió en la pasada legislatura con Rodríguez Zapatero. Al no considerar esta posibilidad, sólo el Gobierno, con su Fiscalía General y su Abogacía, era el único legitimado, por ley, para instar al Tribunal Supremo a ilegalizar un partido, como era el único legitimado para impugnar unas listas electorales. Aquel rotundo éxito de ETA en 2007, sólo fue posible por la explícita voluntad de Zapatero de acceder a esta anunciada exigencia de ETA: volver a las instituciones.

 

El Gobierno aseguró que no habría "precio político" en su mendaz  proceso de paz, mientras se parapetaba en una institución u otra, en un intento mediático de esquivar responsabilidades. Lo hizo en una retahíla de cesiones camufladas al permitir: que los presos de ETA volvieran a la Universidad de País Vasco (UPV/EHU) desde 2003; o que el PCTV accediera al Parlamento vasco en 2005, mientras simulaba firmeza impidiéndoselo a AG, siendo idénticos los expedientes de ambos partidos políticos, que acreditaban su íntima vinculación con ETA/Batasuna. Esa misma apariencia de legalidad  la desplegó el Gobierno al llevar su proceso con ETA al Congreso y forzar una resolución que incumplió a continuación, donde explícitamente se exigía "la ausencia de toda violencia" para el inicio del diálogo. Luego, hemos sabido (por ETA) que esa resolución era "incumplible" puesto que las conversaciones del PSOE con la banda terrorista ya habían empezado en 2003. Zapatero repitió la estrategia accediendo a "internacionalizar el conflicto", llevando su "proceso con ETA" al Parlamento Europeo en 2006. En la camuflada excarcelación de Iñaki de Juana o en el indulto encubierto a Arnaldo Otegi la estrategia fue similar. Poco parecía importarle al Gobierno el descrédito de las Instituciones.

 

En el caso de ANV, fue el Tribunal Supremo la instancia afectada. El Gobierno podría haber procedido a derogar la Ley de Partidos y dejar expedita la senda a Batasuna, si hubiera querido reconocer que quería contentar a ETA, posibilidad que ni por asomo comunicó a la opinión pública. En el supuesto contrario, si el Gobierno hubiera querido mantener sus compromisos del "vigente" Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, debería haber instado al Tribunal Supremo a ilegalizar a ANV, acogiéndose a la Ley de Partidos. Podría incluso haber impugnado todas las listas de ANV según la Ley Electoral. Sin embargo, el cinismo y la aparente legalidad, en este caso, consistió en impugnar sólo algunas listas de los terroristas y no impugnar otras (en premeditada y medida selección), en una zafia aplicación de la Ley Electoral, sin recurrir a la Ley de Partidos. El Tribunal Supremo denunció explícitamente esta chapuza en el procedimiento, manifestando su incapacidad legal de maniobra. Inutilizando la Ley de Partidos, el fraude de ley se había consumado, otra vez con la apariencia de legalidad por parte del Gobierno, que de nuevo desplazaba hábilmente toda responsabilidad al Tribunal Supremo.

 

ETA volvió a los Ayuntamientos. Penando Barrena no podía ocultar su satisfacción: "la izquierda abertzale vuelve reforzada". Y tanto. Ahí, desde las instituciones, ETA ha contado con la "legitimidad" que ya Zapatero le había proporcionado con "su proceso pacificador". Desde las instituciones, ETA dispone de los datos del censo electoral para tenernos bien localizados; y sobre todo cuenta con el acceso a los presupuestos públicos para financiar todos sus frentes estratégicos. En esta holgada situación, ETA ha multiplicado su apoyo social, ha reforzado sus redes de extorsión, ha incrementado sus subvenciones, ha ampliado su falaz publicidad para difundir cuán oprimidos estamos los vascos desde hace siglos por esos dos Estados colonizadores (Francia y España), avanzando implacablemente en su totalitario objetivo de independencia, anexionismo e impunidad.

 

La evidencia superaba todo posible despliegue  mediático de un Gobierno empeñado en camuflar sus miserias. Pasaron meses de ignominia. ETA anunció la ruptura de aquel "alto el fuego" que nunca existió, declarado 14 meses antes (el 22-M) que se había cobrado en el atentado de Barajas dos asesinatos y otros 507 actos de terrorismo callejero, incluyendo el que provocó la muerte de un anciano en Mondragón. ETA ya había conseguido todo lo que necesitaba: volver a las instituciones, refinanciarse, humillar al Estado, legitimarse con el Congreso de los Diputados, internacionalizar el "conflicto" y mantener abierta la puerta de la negociación,… por lo menos.

 

Aún así, el Gobierno se negó incomprensiblemente a instar al Tribunal Supremo para que ilegalizara a ANV antes de las Elecciones Generales. El Ministro Bermejo terció para dar largas anunciando que se procedería a la ilegalización cuando "la jugada" lo aconsejase. Lo mismo que antes de las elecciones vascas nos alentaba con "todavía hay tiempo para evitar que ETA con ANV vuelva a los Ayuntamientos". Éstos son los hechos: cinismo, desvergüenza en mentir, con  apariencia de legalidad.

 

En este contexto, ETA se hizo presente en las Elecciones Generales, asesinando a  un socialista. La víspera de la jornada de reflexión, ETA le hizo un favor de oro a Zapatero minimizando la magnitud de la cesión ("si les matan,…no estarán cediendo tanto"-decían algunos-) y movilizando al electorado, que no pudo menos que ir a votar por solidaridad con el muerto: "los negociadores" (López y Eguiguren) ocupaban todas las portadas en la jornada de reflexión.

 

Finalmente el Fiscal General instó al Supremo, y el 22 de septiembre de 2008 llegó la deseada Sentencia dictando la ilegalización de ANV (también la del PCTV). Han pasado tres meses y ETA sigue gobernando 43 Ayuntamientos, incluidos Mondragón y Azpeitia, a pesar de los asesinatos de Isaías Carrasco e Ignacio Uría en estas localidades con alcaldes de ANV.

 

Sólo el Gobierno tuvo la capacidad de evitar que ANV accediera a los Ayuntamientos y no lo hizo. Para sacar a ANV de los Ayuntamientos sólo el Gobierno tiene la posibilidad de aplicar el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y no quiere hacerlo. También, ahora, el Gobierno esgrime razones de legalidad y de respeto a la pluralidad. Sin embargo, el Gobierno sabe que el bien común aconseja la disolución inmediata de los Ayuntamientos gobernados por ANV. El Gobierno sabe que la ley ampara la disolución. El Gobierno sabe que estamos ante una aberración política y jurídica que no se puede prolongar más. El Gobierno sabe que no basta con la eficacia policial para derrotar a ETA. El Gobierno sabe que mantener a ANV en los Ayuntamientos humilla a las víctimas y a todo ciudadano  decente.  El Gobierno se juega su maltrecha credibilidad en este asunto, pero –a la luz de "los hechos"- ¿le importa? Y si no le importa, ¿nos podrían explicar cuál es la razón?

 

1 Presidenta en funciones del Foro Ermua. Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo


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