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31.1.2009.

Las Comunidades con competencias en Justicia piden al Ministerio participar en las iniciativas que se están tomando para mejorar el servicio al ciudadano


Por: Redacción

Reclaman la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial y apuestan por acelerar la implantación de la nueva Oficina Judicial

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Las Comunidades con competencias en Justicia piden al Ministerio participar en las iniciativas que se están tomando para mejorar el servicio al ciudadano
 
Consideran esencial profundizar en el traspaso de todas las competencias de ejecución y gestión en materia de personal
 

Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de Justicia, entre las que se encuentra Aragón, han pedido al Ministerio de Justicia conocer y participar en las iniciativas y compromisos que el Estado está impulsando para mejorar el servicio público. Las Comunidades, que se han reunido en Barcelona, han reclamado la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial para que el Ministerio informe sobre los pasos que se están dando. Además de Aragón, han estado presentes los representantes de Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra, Madrid, Asturias y Cantabria. 

Durante el encuentro, al que ha asistido el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, han mostrado su apoyo total a la implantación de la nueva Oficina Judicial definida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y han reclamado que las reformas procesales para su implantación se hagan dentro de la actual legislatura.

Las Comunidades consideran esencial para alcanzar este objetivo dotar de las plazas de los secretarios judiciales que resulten necesarias para el despliegue de los servicios comunes procesales. Además, piden que se confirme la capacidad de las Comunidades Autónomas en la determinación de las dotaciones de la unidad procesal de apoyo directo (UPAD) y separar la tramitación de las fases declarativa y ejecutiva en la Oficina Judicial, para lo cual el Ministerio de Justicia deberá dar las correspondientes instrucciones a los secretarios judiciales. Por último, reclaman que el Ministerio de Justicia asuma el compromiso de sufragar cuantos costes resulten necesarios para garantizar la correcta interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal existentes en las distintas regiones.

Respecto al personal, las Comunidades muestran su firme compromiso de liderar, junto con el Ministerio de Justicia, y dentro de sus respectivas competencias, la mejora y modernización de la Justicia . Para ello, y manteniendo el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios, consideran que es preciso profundizar en el traspaso de todas las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia , como por ejemplo la convocatoria de plazas y las pruebas de selección, incluida la aprobación completa de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), con las salvedades que procedan para garantizar la homogeneidad en aspectos como temario único, traslado, así como procedimiento disciplinario y tipificación de infracciones común.

Los consejeros reunidos en Barcelona consideran imprescindible asentar los oportunos mecanismos de colaboración interinstitucional y apuestan por el pleno funcionamiento de las comisiones mixtas entre las Comunidades Autónomas y los estamentos judiciales, además de la convocatoria de  la Comisión Mixta de Comunidades, Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia, donde entre todas las partes implicadas se acuerde un calendario coordinado de modernización de la Administración de Justicia .

Por otro lado, las comunidades proponen, como medida para agilizar la administración de Justicia, la potenciación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la desjudicialización de las reclamaciones de pequeña entidad o de índole administrativa; el impulso de sistemas de mediación intra y extrajudicial y del arbitraje y la desvinculación de los registros civiles del ámbito judicial, además del traspaso a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de demarcación y planta judicial

Tecnologías de la información y la comunicación

Las Comunidades expresan su compromiso de continuar avanzando en sistemas de gestión que posibiliten la implantación del expediente electrónico judicial, así como desarrollar un sistema que permita compartir información entre diferentes instituciones .  Para ello, es necesaria la participación activa del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial .  

Por otro lado, consideran que el correcto funcionamiento de los registros centrales u otras aplicaciones exige que vayan acompañados de un mecanismo de interoperabilidad que garantice su integración en los sistemas de gestión procesal .

Por último,  apuntan que para la aplicación de cualquier herramienta informática deberán tenerse en cuenta las normas de seguridad para la transmisión de datos, incluido el uso de la firma electrónica universal y gratuita .

Justicia gratuita

Los consejeros de Comunidades Autónomas con competencias en Justicia han abordado también la Justicia gratuita y han pedido que todos los poderes públicos y operadores jurídicos asuman la naturaleza prestacional de la asistencia jurídica gratuita como garantía fundamental del derecho al acceso a la Justicia .

A tal fin, proponen implantar indicadores o instrumentos de evaluación y mejora de la calidad; establecer estándares de calidad para todos los servicios de orientación jurídica subvencionados, en todo o en parte, con fondos públicos; incorporar mecanismos telemáticos a la solicitud y tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita; desarrollar la regulación del reconocimiento parcial del derecho a la asistencia jurídica gratuita y promover la resolución alternativa de conflictos para la satisfacción de las pretensiones de los ciudadanos.

Por último, instan a modificar la ley de asistencia jurídica gratuita para incorporar la obligación de informar al beneficiario del servicio sobre el contenido y el ejercicio del derecho a la asistencia jurídica gratuita; regular la obligación de que el beneficiario de justicia gratuita deba ratificar, con carácter general, su solicitud para la tramitación de los procedimientos en segunda y ulteriores instancias, mediante una declaración de voluntad expresa; establecer la obligación de que las personas físicas cumplan el requisito de insuficiencia de recursos en todas las jurisdicciones para poder ser beneficiarias del servicio público de asistencia jurídica gratuita; determinar que las parejas de hecho, legalmente reconocidas como tales, se equiparen al matrimonio, a los efectos previstos en dicha ley y, por último, determinar los requisitos mínimos de formación que deben acreditar los profesionales que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, respetando el marco competencial propio de cada comunidad autónoma.


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