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28.9.2009.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce el Derecho de Objeción de Conciencia para "Eduación para la Ciudadanía"


Por: Redacción

La Sección 3 de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJCYL se aparta del criterio del Tribunal Supremo sobre “Educación para la Ciudadania”

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce el Derecho de Objeción de Conciencia para "Eduación para la Ciudadanía"


Burgos, 23 de Septiembre de 2009.-  La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se de Valladolid, en sentencias nº 1998 y 1999/2009, de 23 de septiembre, dictadas en los recurso nº 2348 y 2546 del año 2008, reconocen, en una extensísima y compleja argumentación -con un voto particular-, el derecho de los padres a objetar y en consecuencia exonerar a sus hijos de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía, sin que esta dispensa pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes. 

    En estas sentencias, que se apartan motivadamente de las anteriores del Tribunal Supremo habidas en relación con estas materias, el citado Tribunal, sin entrar a valorar intrínsecamente el ideario ofrecido por los demandantes, se limita a constatar el conflicto moral e ideológico que para ellos –los padres demandantes- supone el que sus hijos reciban una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales, y por tanto aplica el artículo 27.3º de la Constitución Española de 1978 que garantiza -e impone a los Poderes Públicos- el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones. 

     Las razones de fondo, para reconocer ese derecho de objeción son, resumidamente: 

la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes. su carácter obligatorio, concentrado y vertical, superando la transversalidad multidisciplinaria hasta ahora imperante; el confesado propósito de reconstrucción (no de simple construcción) de valores en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores –conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales-, comportamientos -no conocimientos- que serán objeto de específica evaluación; la indiscutible seriedad en el planteamiento del conflicto por los recurrentes, se compartan o no sus íntimas motivaciones; y aún las significativas reservas y advertencias del Pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad, respeto al pluralismo y exposición crítica de la materia a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española –reservas y advertencias por sí solas expresivas de la realidad y gravedad del conflicto.

    Tales razones, no valoradas aisladamente sino en conjunto,  son las que llevan al Tribunal a apreciar el riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que estos se vean dispensados ex artículo 27.3 CE de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos. 


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