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15.8.2010.

Traslados a la Expo


Por: Lorenzo Coque Sopesens

La DGA trasladará todas sus empresas a la Expo en 2011, de lo que podemos extraer algunas conclusiones.

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Cuatro consejerías se sumarán después a las sociedades, que ocuparán 10.000 metros. Garantiza llenar la mitad del recinto al incorporarse la Ciudad de la Justicia en 2012, y se ahorrará 9 millones al año en alquileres. De esta forma podrá estrenar su primera fase con cerca de un tercio de su superficie ocupada. La llegada de las sociedades públicas no supondrá una distorsión para el parque empresarial, dado que entre una empresa pública y otra privada no hay diferencias de horarios o de funcionamiento. Su llegada se producirá a principios de 2011, cuando se entreguen las oficinas a los únicas empresas privadas (Grupo Jorge y Banco Popular) y organismos públicos (RTVE, servicio provincial de Tráfico y Tesorería de la Seguridad Social) que apostaron por el recinto de la post Expo.

Entre todos no suman 14.000 metros. Uno de los departamentos, previsiblemente Justicia, se instalará en el pabellón de Aragón, que por una cuestión de ahorro de costes se mantendrá con sus dos plantas actuales. No obstante, aún se deben poner de acuerdo los socios de la DGA sobre el inquilino final. El horizonte puesto en estrenar juzgados a finales de 2012. En total, 52.000 metros cuadrados sobre rasante. Para entonces, la zona de ocio y servicios del parque empresarial funcionará a pleno rendimiento, extendiéndose por los bajos de dos de los edificios reconvertidos en oficinas y los dos macropabellones dedicados en su día al Caribe y a América latina. A estos se sumarán los locales del frente fluvial hasta sumar algo más de 24.000 metros cuadrados.

Lo dicho, me parece muy bien, y más aun cuando eso va a ofrecer la posibilidad de ahorrar los costes de alquiler de los edificios que actualmente ocupan. Lo único que no me gusta es lo relativo al pabellón de Aragón, pero eso, lo dejamos para otro día. No entiendo las reticencias de los funcionarios de Justicia, y para mi opinión sólo obedecen a unos aspectos implícitos al “funcionariado” que no derivan en el mejor servicio al ciudadano.


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